Por LUIS JOSE CHAVEZLa declarada intención del ingeniero Miguel Vargas de mantenerse en la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano más allá del próximo 19 de julio, cuando concluye su período institucional de cuatro años, representa una amenaza no solo contra la institucionalidad democrática del PRD, sino contra todo el sistema político de la República Dominicana, habida cuenta de que esta organización ha sido la plataforma social de los más importantes avances democráticos que ha registrado el país en las últimas décadas.
El intento de autogolpe en el PRD, alentado tal vez por el andamiaje jurídico electoral constituido mediante acuerdo por Miguel Vargas y Leonel Fernández, plantea la gran paradoja de si el partido que hizo posible la construcción de la democracia en la vida nacional, pudiera preservar la suya, evitando reducirse al tamaño de su actual”jefe supremo” para sumarse como grupo bisagra al proyecto de Partido Único que representa el PLD gobernante.
En la cultura democrática se estila que la mayoría siempre tiene la última palabra, pero en el actual conflicto del PRD, por lo menos hasta el próximo 19 de julio, el aparato jurídico controlado por Leonel-Miguel ha logrado superponerse a los organismos de dirección y a la autonomía partidaria para decidir desde fuera la legalidad de los actos del Partido, siempre en beneficio de una minoría cada vez menos representativa.
Resulta inconcebible, o por lo menos muy raro, encontrar en un escenario democrático auténtico un caso donde el principal dirigente intente ejercer su liderazgo bajo un fuerte cuestionamiento, contra la voluntad ostensible de la mayoría, o más allá del plazo institucional que se le haya otorgado.
Esto lo explica de manera simple el cientista social Giovanni Sartori cuando apunta que “en la democracia el poder está legitimado, además de condicionado y revocado, por elecciones libres y recurrentes. No se aceptan auto investiduras, ni tampoco que el poder derive de la fuerza”.
Miguel Vargas no solo ha perdido el apoyo mayoritario de las bases partidarias, que él mismo en algún momento cuantificó en más de un 95 por ciento, sino también de sus principales y más estrechos colaboradores, quedándose prácticamente aislado, con la adhesión de un pequeño núcleo de dirigentes vinculados a él por lealtades personales, por ventajas inmediatas o por antagonismos con otros líderes o sectores del Partido.
Sin embargo, la suerte del actual presidente del PRD ya está marcada por una tendencia prácticamente irreversible, como es la creciente voluntad de la mayoría de los perredeístas de buscar una salida por encima de los conflictos personales o de intereses que han creado el actual impasse. Sin la excusa formal de que “Miguel es el presidente legal”, será imposible contener una solución basada en la voluntad de la mayoría, salvo que se incurra en la insensatez de colmar la paciencia de la mitad del país representado por el PRD, algo muy parecido a jugar con fuego.
La certificación de la JCE La Junta Central Electoral (JCE) certificó que el período para el cual fue electa la actual dirección del PRD vence el próximo 19 de julio, incluyendo a su presidente, Miguel Vargas Maldonado. El secretario general de la JCE, doctor Hilario Espiñeira Ceballos, en comunicación con fecha 28 de enero de 2013, certifica que el acta de la XXVII Convención Nacional del PRD establece que las autoridades electas tendrían vigencia hasta julio de este año. Esa certificación ha sido validada por el presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario
En este trance Miguel Vargas tiene aún la opción de asumir un gesto de racionalidad política y erigirse en actor clave para una solución institucional pactada, evitando los daños comunes de una confrontación prolongada más allá del 19 de julio, cuando la base de apoyo de su posición entraría en una fase deterioro progresivo en la medida en que se constituya en una amenaza contra las futuras aspiraciones de sus propios colaboradores, que probablemente se resistirán a acompañarlo hasta el impacto final de su eventual haraquiri.
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